Introducción
La convivencia armónica dentro del aula es esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de sociedades justas y equitativas. Las normas de convivencia, entendidas como el conjunto de reglas y normas que rigen las interacciones en una comunidad, en este caso, en una comunidad educativa, desempeñan un papel crucial y sumamente importante en la creación de ambientes propicios para que el alumno tenga un buen aprendizaje y también pueda crecer como persona, y como ciudadano.
Recordemos que la Ley General de Educación plantea los principios de la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad; todos ellos se encuentran relacionados con la convivencia (artículo 8). De hecho, tanto al docente como al estudiante les corresponde practicar la convivencia armónica y trabajar en el marco de respeto de las normas institucionales de convivencia de la comunidad educativa (artículos 53 y 56, respectivamente).
Con base en el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU que aprueba los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” y la Cartilla sobre Convivencia Escolar para directivos (Ministerio de Educación, 2023a), desarrollaremos algunas ideas en torno a la definición, características y construcción de normas de convivencia, así como la necesidad o la no necesidad de establecer normas de convivencia correctivas y reguladoras ante comportamientos disruptivos. Además, explicaremos lo importante que es proteger de una manera integral a todos los estudiantes frente a situaciones de vulneración de derechos, teniendo en cuenta especialmente lo referido a la violencia contra los niños y adolescentes en las instituciones educativas.
Para este trabajo se ha tomado como base los informes y observaciones de clase de cuatro instituciones: una institución pública de Educación Básica Regular (EBR), una institución pública de Educación Técnico-Productiva (ETP), ambas ubicadas en la UGEL 02, una institución privada de Educación Básica Regular (EBR) de la UGEL 05 y una institución privada de Educación Básica Especial (EBE) de la UGEL 07.
Importancia de las normas de convivencia en el aula
El compromiso de gestión número 5: “Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes”, que aborda el desenvolvimiento esperado de la vida escolar durante el año lectivo, señala que para desarrollar la convivencia escolar se debe realizar la “elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia de la Institución Educativa” (Ministerio de Educación, 2023b, p. 52).
Es importante destacar que la implementación de normas mediante enfoques democráticos implica la participación activa de los diferentes actores dentro del aula. Sobre esto, el Ministerio de Educación (2023b) nos dice “Las normas de convivencia de la IE son elaboradas al inicio del periodo lectivo de manera participativa y consensuada por los integrantes de la comunidad educativa o sus representantes” (p. 52). Tanto docentes como estudiantes deben tener la oportunidad de contribuir en la formulación y revisión de estas normativas, lo que no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también inculca valores de respeto mutuo y responsabilidad compartida, además de facilitar un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor.
La integración de normas de convivencia en el entorno educativo a través de mecanismos democráticos es fundamental para fomentar una relación constructiva entre el personal docente y los estudiantes, promoviendo lecciones valiosas para la vida social. En el contexto de los cuatro casos estudiados, se observa la presencia de este elemento, aunque con matices específicos en cada uno, los mismos que pueden derivarse de diferencias culturales, contextuales o de enfoques pedagógicos específicos.
El Ministerio de Educación (2023b) señala que “Las normas son formuladas en términos positivos, teniendo en cuenta las necesidades individuales y colectivas, el bienestar común, la pertinencia cultural y lingüística y los derechos humanos” (p. 52). Por eso, analizar estos matices proporciona una comprensión más profunda de cómo las normas de convivencia se adaptan a las peculiaridades de cada entorno educativo, permitiendo ajustes y mejoras continuas.
Si bien la exploración en las Instituciones Educativas no permitió recoger los documentos de normas de convivencia, existen, son observables y se infieren a través de otras informaciones recogidas, lo cual revela su relevancia para el colectivo de estudiantes y la comunidad educativa en general. Una de sus expresiones más evidentes es la convivencia en la cotidianidad manifestada en las interacciones entre estudiantes. Desde expresiones afectivas hasta manifestaciones de rechazo o incluso comportamientos agresivos, la dinámica interpersonal influye de manera significativa en el ambiente educativo. Este fenómeno demanda una atención especial por parte de los docentes, quienes se convierten en moderadores de momentos en los que la atención académica parece ceder espacio a las dinámicas relacionales.
Los testimonios recopilados ofrecen una perspectiva dinámica de la convivencia, evidenciando su naturaleza fluida y su capacidad para evolucionar a lo largo del tiempo. Este matiz es especialmente notorio en instituciones educativas públicas, donde la convivencia se erige como un componente equiparable en importancia a los contenidos académicos. La identificación de la convivencia como un elemento no estático sugiere que su comprensión, tratamiento y gestión requieren proactividad y flexibilidad.
En este sentido, la afectación de la convivencia plantea la necesidad de medidas correctivas por parte de las instituciones educativas. Estas medidas pueden abarcar desde intervenciones pedagógicas específicas hasta la implementación de programas de apoyo emocional y social. La capacidad de adaptación de las instituciones para hacer frente a los desafíos en el ámbito de la convivencia se erige como un indicador clave de su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes.
Medidas correctivas y regulatorias
El Ministerio de Educación (2023b) señala que “específicamente en lo que respecta a la intervención frente al comportamiento disruptivo, las escuelas deben adaptar sus medidas correctivas a las situaciones que afectan actualmente la conducta de las y los estudiantes” (p. 54). Entonces, cuando las normas de convivencia establecidas en la comunidad educativa son vulneradas, es cuando se activan una serie de mecanismos que buscan que los estudiantes reconozcan la alteración de la armonía con sus pares y asuman su responsabilidad sobre su comportamiento disruptivo.
En los casos estudiados, las medidas correctivas se aplican de diferentes maneras. En la institución pública EBR, el personal directivo indicó que cuando ocurre una incidencia de este tipo se procede a aplicar los reglamentos de conducta, aunque un estudiante de la institución consideró que estas medidas son aplicadas de manera tenue e insuficiente. Por otro lado, durante la observación en aula en la institución pública ETP, muestra que estas situaciones son mediadas por la autoridad del docente que incide mediante un tono firme y a veces afectuoso. Por otro lado, algunos estudiantes manifestaron casos de discriminación que han sido tratados por las autoridades del colegio, aunque sin revelar más detalles al respecto. En la observación en aula de la institución privada EBR, el docente asumió el rol de moderador de las relaciones entre los estudiantes. En el caso de la institución privada EBE, si bien los docentes y auxiliares se muestran cálidos en su trato hacia las y los estudiantes, también se observó la aplicación del “time out”[1] como forma correctiva a un estudiante frente a sus compañeros. Esta situación también la relató el estudiante de la institución pública EBR, pero manifestó que no tuvo resultados efectivos.
Hay que considerar que las medidas correctivas se aplican para salvaguardar el respeto a los derechos de los estudiantes y evitar los tratos humillantes y/o maltrato entre ellas y ellos (Ministerio de Educación, 2019).
Protección frente a la vulneración de derecho en los entornos escolares y familiares
La Cartilla sobre convivencia escolar del Ministerio de Educación (2023a) plantea identificar diferentes situaciones de riesgo que afectan la integridad o derechos de los estudiantes. Por otro lado, el Compromiso de Gestión 3: “Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la IE” (Ministerio de Educación, 2023b, p. 11), también incide en los entornos en los que se desarrolla la función pedagógica dado que las y los estudiantes no están exentos a situaciones de riesgo y violencia, en el ámbito familiar, en la comunidad y en la misma IE por la situación de la infraestructura y un conjunto de riesgos diversos.
En los casos explorados, se obtuvo información al respecto de las instituciones públicas. En el caso de la institución pública EBR, sobre la base de distintos testimonios, se deduce que existen muchos riesgos: presunto consumo de drogas, la violencia entre estudiantes, exposición al peligro vial, infraestructura por refaccionar. Algunos de estos aspectos, como el consumo de drogas, fue un elemento que se manejaron de manera tangencial por los padres de familia consultados. En el caso de la institución pública ETP, la infraestructura resulta un riesgo que preocupa al cuerpo directivo. Otro aspecto observado fue el caso de un estudiante agresivo que reflejaba un entorno familiar hostil o abandono familiar. Esto implicaba una atención especializada que resultaba onerosa en dicho caso particular.
Cabe destacar que las Instituciones Educativas no pueden afrontar estas situaciones por sí mismas, sino que requieren del consorcio de aliados estratégicos que contribuyan en la protección de los estudiantes, por ejemplo las comisarías, centros de salud, Centro Emergencia Mujer, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y del Adolescente (DEMUNA) y la Fiscalía Especializada de Familia (Ministerio de Educación, 2019). En la práctica, los directivos de las instituciones educativas públicas sí los reconocen como aliados estratégicos que les permiten afrontar los problemas señalados.
En el caso de las instituciones privadas, tanto la institución EBR como la institución EBE no mencionaron estas alianzas, lo cual puede deberse por los recursos con los que cuentan para afrontarlos internamente, y/o por contar con una serie de instrumentos que les permiten evaluar los riesgos y prevenir situaciones de violencia. Uno de ellos es el Registro de Datos del Personal Docente y Administrativo de Instituciones Educativas Privadas (REGIEP), el cual es un sistema de datos creado como parte de la ley N° 29988 con el fin de prevenir que personas procesadas por una serie de delitos que suponen un riesgo a la integridad de los estudiantes labore en dichos centros de estudios[2].
Atención frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes
La violencia es el quiebre de la convivencia escolar. El Ministerio de Educación (2023b) nos dice que “La violencia puede manifestarse de las siguientes maneras: (i) entre estudiantes, (ii) del personal de la IE contra estudiantes, y (iii) por personas del entorno familiar o cualquier otra persona ajena a la IE” (p. 55). Así que le corresponde a la institución educativa activar una serie de protocolos que garanticen la reparación del daño causado o garantizar su atención en diferentes instancias, allí incide el cuerpo directivo y la comisión de Tutoría y Orientación Educativa. La intervención se establece a partir de una serie de etapas que son la atención, la derivación, el seguimiento y el cierre. Además de ello, existen dos registros importantes: el Libro de Registro de Incidencias y el portal SíseVe (Ministerio de Educación, 2023b).
En la institución educativa pública EBR el cuerpo directivo relató cómo se ejecutaron los protocolos para ese caso y como activaron los mecanismos de atención frente a la violencia entre adolescentes. Por otro lado, se pudo apreciar que para algunos padres el castigo físico debe ser la última instancia para corregir los problemas. En el caso de la institución pública ETP los entrevistados manifestaron que no se han puesto en evidencia los casos de violencia, e inclusive mencionaron que existe un buen ambiente “salvo algunas excepciones”.
En el caso de la institución privada EBR dan cuenta de situaciones de discriminación y agresión verbal, inclusive se deja entrever la existencia de espacios virtuales como las páginas de “confesiones” donde se intercambian insultos y ataques. En la institución privada EBE, la violencia aparece como una característica de ciertos estudiantes asociadas a ciertas discapacidades y cuyo comportamiento implica la atención de los docentes y auxiliares. Es un tipo de violencia diferente, en el cual tanto el cuerpo docente como los padres de familia están enterados y actúan según el caso y de acuerdo a la condición de cada estudiante.
Aunque los testimonios de las instituciones mencionadas proporcionan información limitada o tangencial, los registros históricos de SiSeVe pueden arrojar luz sobre la dimensión de la violencia escolar en la última década. A continuación, se presentan dos gráficos que brindan una perspectiva amplia de las UGEL 2, 5 y 7 a las que pertenecen las instituciones revisadas, abarcando desde el año 2013 hasta la actualidad.
Gráfico 1. Número de casos por tipo de violencias reportadas en UGEL 2, 5 y 7 2013-2023
Fuente: Elaboración propia con información de Síseve
El gráfico muestra una tendencia creciente en el número total de casos de violencia a lo largo de los años, alcanzando un pico de 2,889 en 2023 en las tres UGEL La violencia física ha sido predominantemente reportada, representando el mayor número de casos en todos los años, con un incremento notorio en 2023. Por otro lado, no es menos alarmante las cifras de violencia psicológica y sexual en el ámbito escolar que debiera ser un espacio seguro para las y los estudiantes. Finalmente, destaca el año 2018 por el aumento significativo en los tres tipos de violencia en relación con los años anteriores.
Es relevante señalar que hubo una disminución abrupta en los casos reportados en 2020, lo cual coincide con el cierre de las instituciones educativas a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y las restricciones asociadas. Sin embargo, es importante observar que a partir de 2021, los casos han vuelto a aumentar. Estos datos resaltan la necesidad de una atención continua a la violencia, particularmente física, y la importancia de políticas y programas de prevención y apoyo para abordar este preocupante problema social.
Gráfico 2. Número de casos reportados en las UGEL 2, 5 y 7 2013-2023
Fuente: Elaboración propia con información de Síseve
Como se observa en el gráfico 2, la UGEL 02 ha registrado el mayor número de casos, alcanzando un total de 4,827 reportes durante el período analizado 2013-2023. En la UGEL 05 hay un aumento gradual en los reportes a lo largo de los años y en las UGEL 07 se aprecian fluctuaciones notables, con un aumento pronunciado en 2019 y un descenso en 2020.
El año 2023 destaca por contar con el mayor número total de reportes, liderado principalmente por un aumento significativo en la UGEL 02. Estos datos sugieren la importancia de dirigir esfuerzos preventivos y de apoyo específicamente hacia las áreas con mayores tasas de incidencia, y subrayan la necesidad de un enfoque diferenciado en la implementación de políticas y programas educativos para abordar la violencia.
Al considerar la información de los gráficos, se revela una compleja dinámica en la presentación de la violencia en contextos educativos. La UGEL 02 se destaca por ser el lugar más crítico con casos de violencia física, psicológica y sexual en varios años, incluido el punto crítico en 2023. Estos datos sugieren la necesidad de una atención específica y adaptada a las distintas UGEL, reconociendo las variaciones en la prevalencia y naturaleza de la violencia en cada una. Además, la disminución general de reportes en 2020 plantea interrogantes sobre el impacto de eventos externos, como la pandemia, en la capacidad y disposición de la comunidad educativa para informar y abordar situaciones de violencia.
Reflexiones finales
A manera de conclusión podemos afirmar que la convivencia escolar emerge como un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de sociedades justas y pacíficas. Existe una relación directa entre la convivencia escolar y los principios éticos, la equidad, la inclusión y otros valores resaltados en la Ley General de Educación, en donde se subraya su relevancia en la formación educativa. Para ello, las normas de convivencia, son instrumentos fundamentales para regular la convivencia y desempeñan un papel crucial en la creación de entornos propicios para el aprendizaje y el crecimiento personal y ciudadano.
Por otro lado, cabe destacar la importancia de regular también la interacción entre actores educativos y el respeto hacia los docentes. Al respecto, Clavijo (2023) subraya la necesidad de que todos los miembros de la comunidad educativa deben aprender a vivir juntos para lograr una convivencia democrática centrada en los estudiantes. Alineado a lo expuesto, se destaca el papel valioso del respeto y la valoración en la creación de un entorno óptimo para el aprendizaje.
Nos parece de suma relevancia que las instituciones educativas consideren estrategias que promuevan un clima laboral positivo, al mismo tiempo que fomente la participación activa y el respeto mutuo, elementos cruciales para el desarrollo integral de los estudiantes en un contexto educativo inclusivo y democrático.
El abordaje de las normas de convivencia, como se destaca en los lineamientos del Ministerio de Educación, debe ser participativo y consensuado, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa. Este enfoque democrático no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también fomenta valores de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Por eso, es importante resaltar la noción propuesta por el Ministerio de Educación (2018) de promover una sociedad pacífica y una ciudadanía con pleno ejercicio de derechos y responsabilidades.
Se resalta la necesidad de un compromiso continuo para cultivar un ambiente educativo que fomente el respeto, la integración y el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. Si bien se propuso previamente la idea de que el clima laboral y el apoyo a los docentes son factores clave para lograr una convivencia óptima, el Ministerio de Educación (2021) enfatiza la necesidad de fortalecer las habilidades socioemocionales de los integrantes de la comunidad educativa. Así, subrayando la necesidad de abordar la convivencia desde una orientación formativa y de cambio cultural, evidenciando una convergencia en la comprensión de los elementos fundamentales para promover un entorno educativo saludable y democrático.
En la misma línea, UNICEF (2022) también resalta la importancia de fortalecer las habilidades socioemocionales y promover un sentido de pertenencia en la comunidad educativa. Asimismo, reconoce la relevancia de integrar a los miembros de la institución educativa en un proceso de cambio que favorezca la convivencia democrática y el reconocimiento de la diversidad, enfatizando el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como un medio para alcanzar resultados positivos en la convivencia escolar desde diferentes perspectivas: integrando aspectos normativos, emocionales y participativos para lograr un ambiente educativo saludable y orientado al respeto mutuo.
En cuanto a las medidas correctivas o reguladoras, es imperativo destacar que deben respetar los derechos de los estudiantes y evitar tratos humillantes. La aplicación de estos mecanismos, como se evidencia en los testimonios recopilados, varía en intensidad y eficacia, subrayando la necesidad de evaluaciones constantes y enfoques individualizados. También la protección frente a la vulneración de derechos en entornos familiares se presenta como un desafío complejo. La identificación de situaciones de riesgo, el involucramiento de aliados estratégicos y la colaboración entre la comunidad educativa y otros organismos se perfilan como elementos cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.
La atención a la violencia infantil y adolescente, respaldada por protocolos y registros específicos, se presenta como un componente esencial en la gestión educativa. En colegios particulares existen protocolos y mecanismos que se activan y se utilizan en casos de violencia y abusos. Estos manuales están en la página web de las instituciones educativas para que la población en general, y especialmente los padres de familia, puedan conocerlos. Uno de los que cuenta con estos mecanismos es el Colegio de la Inmaculada, que en el año 2016, a la par de todos los colegios que pertenecen a la ACSIP (Asociación de colegios Jesuitas del Perú), construyó este manual para ambientes sanos y seguros debido a la tendencia creciente en el número de casos, particularmente de violencia física. Se subraya la necesidad urgente de políticas y programas preventivos.
Es por eso que las diferencias identificadas en los casos estudiados revelan la necesidad de adaptar las normas de convivencia a las peculiaridades de cada entorno educativo, considerando aspectos culturales, contextuales y pedagógicos específicos. Este ajuste constante permite la mejora continua y la creación de ambientes inclusivos y enriquecedores. Por eso es que, con todo lo comentado, podríamos plantear la implementación de un programa integral de fortalecimiento de la convivencia escolar en las IIEE.
Dicho programa abordaría aspectos clave identificados en la discusión, incluyendo el desarrollo de habilidades socioemocionales, la promoción de un clima laboral positivo, la revisión y enriquecimiento del reglamento interno desde un enfoque formativo, y la creación de mecanismos para evaluar periódicamente el clima escolar. También contemplaría establecer capacitaciones para directivos y docentes en técnicas de gestión de conflictos y promoción de la convivencia escolar. La propuesta buscaría integrar tanto los elementos normativos como los emocionales, reconociendo la importancia de la participación democrática y la atención a las diversidades presentes en la comunidad educativa. Esta idea tendría como objetivo principal crear un entorno educativo que fomente el respeto mutuo, el bienestar emocional y el pleno desarrollo de los estudiantes.
En última instancia, este trabajo destaca la complejidad de la convivencia escolar y la necesidad de estrategias integrales y adaptativas para promover un ambiente educativo armonioso y seguro. El análisis de testimonios, observaciones y datos históricos proporciona una visión completa de los desafíos y oportunidades en la gestión de la convivencia en diversos entornos educativos, y subraya la importancia de un enfoque continuo y colaborativo para mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes.
Referencias Bibliográficas
Clavijo, M. (2023). El clima laboral docente y su importancia en el proceso de enseñanza. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(2), 9499–9510. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6050/9175
Congreso de la República del Perú. (2003). Ley 28044. Ley general de Educación. https://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
Ministerio de Educación (2017). Portal SíseVe contra la violencia escolar [Página web]. http://www.siseve.pe/web/
Ministerio de Educación (2018). DS 004-2018-MINEDU: “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/308676/decreto-supremo-lineamientos-para-gestion-de-la-convivencia-escolar.pdf
Ministerio de Educación (2019). Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU. Ministerio de Educación, SiSeVe. http://www.siseve.pe/Web/file/materiales/Lineamientos.pdf
Ministerio de Educación (2023a). Cartilla sobre Convivencia Escolar [Folleto]. https://hdl.handle.net/20.500.12799/8855
Ministerio de Educación (2023b). Guía para la gestión escolar en II.EE. y programas educativos de educación básica [Documento de trabajo]. https://observatorio.minedu.gob.pe/almacenamiento/2023/03/guia-gestion-escolar.pdf
Ministerio de Educación (s. f.). Lineamientos convivencia escolar [Documento de trabajo]. https://www.drelm.gob.pe/drelm/wp-content/uploads/2016/03/JORNADAS-DE-CONVIVENCIA-ESCOLAR.pdf
Ministerio de Educación: (2021). RVM 005-2021-MINEDU: “Estrategias para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada” Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/Ministerio de Educación/normas-legales/1475764-005-2021-Ministerio de Educación
UNICEF. (2022). Convivencia escolar: Recomendaciones para apoyar a establecimientos educativos en el desarrollo de reglamentos formativos, con enfoque de derecho y participación estamental. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Primera ed). Recuperado de: https://www.unicef.org/chile/media/7486/file/recomendaciones.pdf
[1] El time-out consiste en retirar o apartar al estudiante durante un tiempo del lugar dónde está realizando una conducta negativa que se quiere frenar. El tiempo fuera o time-out, es una técnica de castigo consistente en la privación de algo agradable. No se trata de una reprimenda ni es un castigo físico.
[2] Para mayor detalle sobre los delitos revisar: https://directivos.Ministerio de Educación.gob.pe/wp-content/uploads/2023/09/Infograf%C3%ADa_delitos-contemplados-en-la-Ley-29988.pdf
Estudiante de Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Histórico-Sociales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente en el 7. ° ciclo. Interés en Políticas Educativas, Gestión Educativa y Educación Interculturalidad.
Licenciado de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudiante de Educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Archivero, docente e investigador.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3420-1065
Estudiante de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido comunicadora del Observatorio de la Educación Peruana entre 2020 y 2023.
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