Introducción: la crisis política peruana del año 2023
Tras el intento de autogolpe provocado por el expresidente Pedro Castillo Terrones en diciembre de 2022 y su posterior sentencia a 36 meses de prisión preventiva por delitos relacionados al crimen organizado, corrupción y agravio al Estado (El Peruano, 2023), su entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión social, Dina Boluarte, ascendió al poder. El 07 de diciembre del año 2022, el país obtuvo por primera vez a una mujer en el cargo presidencial, a pesar de las opiniones diversas sobre el tema debido a su inmediato rechazo a su antecesor, el pedido de adelanto de elecciones al Congreso de la República y su papel en el llamado “período neosenderista, progresista y comunista” liderado por Perú Libre (Coronel, 2023). En palabras de Gómez (2023), Dina Boluarte representaba la incongruencia:
Tras suceder al destituido Pedro Castillo, le dijo a un suboficial herido que los ataques que había sufrido “no eran actos de protesta, sino terrorismo”. La mujer que durante las elecciones de 2021 acusó a sus adversarios de terruquear su candidatura por ser izquierdista, ahora empleaba la misma arma verbal para descalificar a los manifestantes que se habían levantado en su contra. Manifestantes que, como ella, provenían de Apurímac (párr. 1).
En 2023, las divergencias políticas se extendieron a través de los medios de comunicación y la ciudadanía contempló un panorama dividido. Y no era para menos: el panorama mediático visto durante el Conflicto Armado Interno (CAI) se repetía en la cotidianidad peruana (CVR, 2003). Se presentaban periódicos de ideología derechista como El Comercio, Expreso, etc., e izquierdista como La República (García, 2019), Wayka y diarios independientes. Los primeros expresaban, por un lado, un discurso sensacionalista y discriminador hacia manifestantes del sur, sureste y la Amazonía mediante la práctica del “terruqueo”. Los otros, la especulación de los decesos y las consecuencias de las manifestaciones “en favor de la democracia”. Se identifica, entonces, cada vez más que la presencia de los medios en la vida cotidiana es relevante, pues como “instituciones generadoras de mensajes, buscan influir en la opinión pública a través de noticias y entretenimiento” (Cornejo, 2022, p. 02). Moldeando y tematizando la vida social en una sociedad globalizada.
Comprendiendo ello, el artículo desea caracterizar la polarización discursiva peruana alrededor de las protestas sociales del año 2023; así como analizar, desde la revisión teórica, las consecuencias culturales y políticas del llamado “terruqueo”.
El terruqueo: una práctica estigmatizante
La práctica del “terruqueo”, nació y se acuñó durante el Conflicto Armado Interno (CAI) entre la década de los 80’ y el año 2000, misma que se extendió y solidificó en la narrativa peruana en la época postconflicto. Desde una perspectiva histórica, Marina Mendoza (2022) lo describe como una “construcción político-mediática del enemigo terrorista” (p. 247). Ha sido utilizada como estratégica política y social de los sectores conservadores para darle connotaciones afines al terrorismo a cualquier manifestación que tenga propuestas contrarias a los grupo de poder: un modelo neoliberal-fujimorista de discurso hegemónico y desarrollista (Velásquez, 2022).
El terruqueo, sin embargo, es un medio que se ha extendido sin regulación, al punto que ha manipulado la percepción popular en torno a la identidad peruana no capitalina. Mendoza señala que Flores-Galindo (1994, p. 334) y Aguirre (2011, p. 103) afirman que durante el CAI la violencia y discriminación fueron escalando hasta el lenguaje, en tanto la palabra “senderista” se sustituyó por “terrorista”, luego “ayacuchano”; hasta que “en 1984, se convirtió en una arremetida del lado occidental del Perú contra su vertiente andina” (citado en 2022, p. 248). Así como un marco de referencia de “defensores de derechos humanos, familiares de detenidos y otras víctimas de la violencia política, y personas de origen indígena en general” (citado en 2022, p. 248).
Una naturalización que no fuera posible sin una alianza tripartida entre los sectores políticos, los medios de comunicación, y el uso cotidiano que estos fomentaron en la ciudadanía en general.
El rol de la ciudadanía en la democratización de la opinión pública
En la actualidad, el “terruqueo” es una medida que ha escalado a instancias institucionales. Además de ser un medio para desacreditar la manifestación ciudadana en situaciones de violencia política, ha permitido la “reorganización de las Fiscalías de Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo (…) en un contexto de detenciones arbitrarias a causa de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte” (Jave, 2023, párr. 3). Una medida que extiende la política antiterrorista promulgada en el gobierno de Belaúnde, y la cual fue usada como una justificación para la persecución y abusos propiciados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Narrativa que es respaldada por medios de comunicación “hegemónicos” que definen a los “nuevos terroristas” como personas ignorantes, manipulables y financiados por organizaciones criminales internacionales. Mismos que se defienden autodenominándose como “luchadores por la democracia”, con un discurso pluricultural y antiautoritario que reclama una deuda histórica.
Pero ¿qué hacer como ciudadano o ciudadana de a pie para no caer en el sesgo político? En realidad, la respuesta no es clara y no depende enteramente de la población civil. Para Cornejo (2022), el enlace entre un panorama neutral, las acciones colectivas, políticas e individuales, está en los medios de comunicación. Quienes tienen la responsabilidad de “proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse así mismo (…) sobre todo en contextos de crisis política, institucional y mediática, ello debido a que el periodismo nunca es inocente” (p.5).
Conclusión
El gobierno del expresidente Pedro Castillo y la sucesiva toma de mando de Dina Boluarte, han generado un escenario de descontento en la población civil y los sectores económicos y políticos. Los primeros, decepcionados por la imparcialidad y el no cumplimiento de las promesas de campaña del denominado maestro rural, rondero y sindicalista por el pueblo (BBC News, 2022); y los segundos, desconcertados por el perenne apoyo que recibe aquel delincuente “comunista, resentido y terrorista”. Pero de algo estamos seguros y seguras: ambos personajes han dejado de representar la democracia y la soberanía popular, pero la estigmatización y discriminación estructural siguen vigentes. Siendo el “terruqueo” una estrategia que legitima esta división.
No solo eso. Jave (2023), en su artículo “El terruqueo trasciende las narrativas y escala a normativas”, presenta las consecuencias de esta práctica, la cual se traduce en la violencia política, el debilitamiento de la democracia y actuar como uno de los sustentos para el llamado apartheid peruano. A nivel mediático o periodístico, este se expresa en discursos polarizados que crean las figuras de “los buenos” contra “los malos”. Una estrategia censurable que ha permitido en 2023 evidenciar construcciones de los perfiles de los y las protestantes en dos categorías: personas que “luchan por la democracia” (propia de la prensa “progre” o de izquierda), y ciudadanos “revoltosos” o “terroristas”, como parte de la prensa “privada” o aliada con los sectores de poder. Apaciguar el panorama de desconcierto y peligro es una tarea de cuatro directrices. De los sectores de poder en brindar espacios de contacto político e intercultural en el rechazo a la discriminación y polarización. de las empresas periodísticas, en evitar la comprensión parcializada y sensacionalista de los hechos. De los ejecutivos económicos nacionales e internacionales, en justificar la violencia en favor del “progreso”. Y de la ciudadanía total, en encontrar puntos en común en la lucha y existencia por la restitución de un estado democrático para todos, todas y todes.
Referencias bibliográficas
Aguirre, C. (2011). Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. HISTORICA, p. 103-139.
Castro, A. (2023, 13 de enero). CIDH denuncia terruqueo y estigmatización por factores raciales de parte de autoridades durante la crisis social. Ojo Público.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe final. Lima.
Cornejo, F. (2022). El poder de la comunicación: medios, política y ciudadanos. Comuni@cción, 13 (1), p. 74-85.
Coronel, O. (2023). Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú?. Nueva Sociedad (304).
Diario Oficial El Peruano (2023, 31 de enero). Poder Judicial ratifica 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo.
García, G. (2019). La prensa ante la violencia terrorista en Perú: 1980-1988. Universidad Pontificia de Salamanca [Tesis de Grado].
Gómez, R. (2023, 5 de enero). El terruqueo, el arma verbal que pone a los manifestantes peruanos en la diana. El País.
Jave, I. (2023, 24 de enero). El terruqueo trasciende las narrativas y escala a normativas. IDEHPUCP.
Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. Universitas-XXI, 36, p. 243-268.
Redacción BBC News Mundo (2022, 08 de diciembre). Pedro Castillo, el maestro rural que llegó a la presidencia de Perú por sorpresa y tras año y medio en el poder fue destituido y detenido por rebelión. BBC News.
Velásquez, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, 20 (80), p. 70-92.
Estudiante de Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente cursa el octavo ciclo y es docente de inglés en una I.E. ventanillense.
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