Desde su implementación en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se constituyen en un marco de referencia para la formulación de normas programas y políticas públicas orientadas a una forma de conceptualizar el desarrollo en componentes inclusivos, equitativos y sostenibles. Como esfuerzo global, constituye una nueva forma de pensar las soluciones a los grandes desafíos sociales, políticos y económicos del siglo XXI, en su pretensión se construye en una apuesta a transformar de manera estructural los sistemas sociales, económicos y ambientales a partir de objetivos, metas e indicadores alcanzables a partir del trabajo conjunto de todos los miembros del sistema internacional (Naciones Unidas, 2018; UNICEF, 2022). Es en este contexto que el ODS 4, dedicado a garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos, así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, se presenta no solo como un fin en sí mismo, sino como un eje transversal que, al igual que con otros ODS clave, su realización incide directamente en la consecución de los demás objetivos, es ahí de donde surge su senda importancia (Bruns et al., 2023; Guerrero-Ruiz et al., 2021). De esta manera, analizar el alineamiento de las políticas públicas, a saber en nuestro caso de las políticas educativas, y los ODS, con especial énfasis en el ODS 4, permite explorar hasta qué punto existe un alineamiento real y operativo, o si se limita más bien a menciones formales, indirectas o sin articulación efectiva con los objetivos que plantea la Agenda 2030.
Este análisis se vuelve necesario al reconocer que, la implementación de los ODS en el Perú enfrenta tensiones y retos específicos propios de los países de renta media, a saber: fragmentación institucional, serias limitaciones en la capacidad estatal, alta rotación del funcionariado y poca sostenibilidad de las reformas políticas en el tiempo (Guerrero-Ruiz et al., 2021; Bruns et al., 2023). A pesar de haberse establecido mecanismos de articulación y planificación que implementan activamente los ODS como parte del compromiso político del Perú con el desarrollo sostenible, espacios como el CEPLAN, los avances en términos de coherencia política y planificación en el largo plazo son francamente desiguales, especialmente cuando se trata de transversalizar en los distintos niveles y sectores del aparato estatal en el enfoque de derechos y sostenibilidad, lo que afecta a sectores como educación. A nivel regional, los sistemas educativos aún presentan importantes déficits con poblaciones históricamente vulnerables, como pueblos indígenas, migrantes o personas con discapacidad, insuficientemente atendidas y poco representadas en los datos que alimentan el diseño y planificación de políticas oficiales (Vera et al., 2024). Esta falta de integración hace que el monitoreo eficaz de los avances en materia de política pública respecto de los ODS y puntualmente el ODS 4 sean todo un reto.
En ese sentido, la articulación no solo debe garantizar la alineación formal entre los planes y programas nacionales y los objetivos globales de desarrollo, sino también operar como un sistema dinámico de rendición de cuentas, monitoreo y aprendizaje institucional (Naciones Unidas, 2018). El consenso respecto a la incorporación efectiva de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países como el Perú es que los alcances de las políticas y programas nacionales orientados al desarrollo, la mejora de logros de aprendizaje y rendimiento académico y la erradicación de la pobreza requieren una integración coherente, explicita, realista, medible, flexible, inclusiva y adaptable de los ODS a los marcos normativos y de gestión a nivel nacional con especial énfasis en la reducción de desigualdades socioeconómicas como principal motor del desarrollo (Gebera et al., 2022; Rodríguez et al., 2023; Ticona Machaca et al., 2024). Ello implica entonces revisar cómo las políticas educativas y sociales han sido formuladas e implementadas desde 2015, así como identificar sinergias y tensiones entre distintos programas, leyes y enfoques en todo el aparato estatal y en sus distintos niveles (Gebera et al., 2022). Este ejercicio no es solo técnico, ni meramente normativo, pues refleja las prioridades que se colocan en la agenda pública y los mecanismos mediante los cuales se busca transformar las estructuras sociales y alude entonces a los arreglos institucionales, normativos y políticos que configuran la capacidad del Estado para coordinar, implementar y sostener las políticas y servicios educativos que brinda (De la Cruz & Mergoni, 2024).
Frente a ese contexto, el presente artículo se propone analizar el grado y tipo de alineación entre los programas, leyes y políticas educativas del Perú y el conjunto de ODS, con énfasis en el ODS 4 y su interrelación con otros objetivos vinculados al desarrollo social, la equidad, el trabajo decente y la inclusión social, entre otros. Para tal fin, se ha desarrollado una estrategia metodológica basada en el análisis documental y la sistematización de la normativa alineada a los ODS, construida por el equipo del Observatorio de la Educación Peruana (OBEPE) dentro del marco de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y la Agenda 2030. Ello, con el fin de avanzar en la comprensión de cómo se expresa, o se omite, la agenda de los ODS en la gobernanza y la agenda de políticas del sistema político en el Perú.
La educación como eje articulador del desarrollo sostenible
La educación es un componente trasversal dentro de la Agenda 2030, articulando con diversas dimensiones para configurar un verdadero desarrollo sostenible. En ese sentido, genera impacto en ámbitos pedagógicos y se configura como uno de los pilares para la construcción de sociedades justas, equitativas y sostenibles ambientalmente. En países como el nuestro, con marcadas desigualdades sociales, económicas y territoriales; alinear las políticas educativas con las metas planteadas por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible no solo supone mejorar logros académicos, sino también intervenir en factores estructurales como la pobreza y la exclusión de género (Hernández, 2019). Del mismo modo, planteando a la educación desde una perspectiva sociopolítica, contribuye en la visibilización, reconocimiento e inclusión de comunidades marginadas históricamente dentro de las políticas estatales. Esta óptica más simbólica refuerza el papel que tiene el ODS 4 en la tarea de legitimar demandas sociales y construir ciudadanos activos y empoderados.
Siguiendo esa misma línea, es clave tener en cuenta si el Estado tiene la capacidad de formular y, aún más importante, implementar políticas coherentes, integradas y sostenibles. De ello dependerá el que sea posible cumplir de forma efectiva el ODS 4 y este, a su vez, pueda articularse con el resto de los objetivos. De acuerdo con Hernández (2019), un modelo de gobernanza participativo, abierto y orientado a resultados requiere una arquitectura institucional que promueva la coordinación entre actores estatales y no estatales. Sin embargo, en un contexto como el del Perú con capacidad estatal limitada, fragmentación institucional y débil continuidad de las políticas públicas; es complicado articular de forma sistémica los ODS dentro del aparato estatal. Entonces, existe una necesidad creciente de promover mecanismos de gestión educativa que no solo respondan a estándares internacionales, sino que se adapten a las particularidades territoriales y socioculturales del país.
Del mismo modo, debe de haber un cambio estratégico para lograr que el ODS 4 se convierta en la columna vertebral de la formulación de políticas públicas (Lattuada y Nogueira, 2022). Adoptar una perspectiva integral que conecte la educación con el bienestar económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental; requiere un marco normativo flexible y capacidades técnicas, pero también voluntad política y una lectura atenta de lo que demanda la ciudadanía. Solo de esa forma podrá consolidarse una agenda educativa alineada con los ODS, que priorice la reducción de desigualdades y la construcción de un modelo de desarrollo centrado en las personas.
Educación como eje estructurante de intervenciones multisectoriales
La capacidad inmediata de la educación para transformar condiciones sociales, económicas y culturales debe de ser reconocida y aprovechada por las políticas públicas. En ese sentido, al articularlas con ciertos sectores del Estado, estos operan con mayor eficiencia y maximizan el impacto de sus intervenciones a través de una lógica intersectorial basada en derechos y en resultados sostenibles. Ello incide de forma concreta en el bienestar de la población, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Así, diseñar políticas educativas que incorporen componentes de salud, género, empleabilidad, sostenibilidad ambiental o ciudadanía no solo fortalece el cumplimiento del ODS 4, sino que habilita avances simultáneos en otros objetivos.
Tabla 1: ODS vinculados directamente con la educación
| ODS | Nombre | Relación con la educación |
| ODS 3 | Salud y bienestar | La educación en salud, sexualidad y bienestar mejora la prevención de enfermedades y el acceso a servicios médicos. |
| ODS 5 | Igualdad de género | La educación empodera a las mujeres y niñas, reduciendo las brechas de género. |
| ODS 8 | Trabajo decente y crecimiento económico | La educación técnica y vocacional incrementa la empleabilidad y dinamiza la economía. |
| ODS 10 | Reducción de las desigualdades | La educación genera oportunidades equitativas y fomenta la inclusión social. |
| ODS 12 | Producción y consumo responsables | La formación en sostenibilidad promueve prácticas de consumo más responsables. |
| ODS 13 | Acción por el clima | La educación sobre el cambio climático fomenta la conciencia ambiental y la resiliencia. |
| ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas | La educación en civismo y derechos humanos fortalece la gobernanza y la cohesión social. |
Trascendencia educativa: efectos más allá del sector en el diseño de políticas sostenibles
Más allá de su impacto inmediato, la educación genera efectos transformadores a través del conocimiento y desempeña un rol estratégico en la construcción de políticas públicas sostenibles. Su influencia se extiende a sectores donde no siempre se visibiliza de manera inmediata, pero resulta fundamental para generar condiciones habilitantes y soluciones de largo plazo. En este sentido, la educación permite desarrollar capacidades, fomentar la conciencia colectiva y fortalecer la toma de decisiones informadas, aspectos esenciales para enfrentar desafíos complejos como la pobreza, la seguridad alimentaria, la innovación o el cambio climático. Estos efectos indirectos son decisivos en el avance de diversos ODS al facilitar la articulación de acciones intersectoriales desde una perspectiva de desarrollo integral.
Tabla 2: ODS con efectos transformadores de la educación
| ODS | Nombre | Relación con la educación |
| ODS 1 | Fin de la pobreza | La educación mejora el acceso a empleos bien remunerados y reduce la pobreza. |
| ODS 2 | Hambre cero | La educación en nutrición fomenta prácticas alimentarias saludables y el desarrollo agrícola. |
| ODS 6 | Agua limpia y saneamiento | La formación en higiene y sostenibilidad refuerza el acceso a servicios básicos. |
| ODS 7 | Energía asequible y no contaminante | La educación en energías renovables promueve un uso eficiente de los recursos. |
| ODS 9 | Industria, innovación e infraestructura | La educación impulsa la investigación y la innovación tecnológica. |
| ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | La educación en urbanismo y sostenibilidad favorece la planificación inclusiva. |
| ODS 14 | Vida submarina | La educación ambiental contribuye a la conservación de los ecosistemas marinos. |
| ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres | La formación en biodiversidad y conservación protege los recursos naturales. |
| ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos | La cooperación educativa internacional fortalece el intercambio de conocimientos y capacidades. |
ODS y política pública: alineamientos y compromisos del Estado
Programas y marcos normativos en clave de sostenibilidad
En 2017, el Estado peruano reafirmó su compromiso con la Agenda 2030 y estableció una planificación estratégica orientada al bienestar social, la prosperidad y la sostenibilidad ambiental; lo cual impulsó la actualización de diversas normativas y la formulación de políticas alineadas con los ODS de cara al 2030. Estas buscan promover la inclusión social, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. En ese sentido, se analizará cómo algunos de estos esfuerzos se traducen —o en otros casos no— en acciones concretas dentro del marco de políticas públicas de diversos sectores en el Perú.
ODS 4: Educación de calidad
El Proyecto Educativo Nacional hacia 2036 (PEN) tiene por objetivo reorientar la educación peruana hacia un horizonte equitativo, inclusivo y de calidad, brindando oportunidades para todos. A su vez, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) promueve la continuidad del estudio superior para estudiantes provenientes de sectores bajos, mientras la Política Nacional para la Educación Intercultural Bilingüe promueve la enseñanza en idiomas originarios, reafirmando la identidad cultural en poblaciones indigenistas. En el ámbito legal, la Ley General de Educación (Ley N° 28044) garantiza el acceso a la educación gratuita e inclusiva, destacando la preferencia para poblaciones más vulnerables. Todas estas iniciativas apuntan en el camino hacia la creación de un sistema educativo inclusivo y sostenible.
ODS 2: Hambre cero
El proyecto Qali Warma, hoy denominado Wasi Mikuna, garantiza el acceso a nutrición equilibrada para los estudiantes en áreas vulnerables del Perú. La política previene la desnutrición infantil y apoya el desempeño escolar, fomentando la igualdad de oportunidades. Además, el proyecto tiene un efecto positivo en el desarrollo económico local mediante el establecimiento de relaciones con proveedores locales. Su atributo integral aborda más allá el problema de la seguridad alimentaria, reforzando la interconexión de la nutrición con el desarrollo educativo.
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa para 2025 fomenta espacios para el aprendizaje contemporáneo e inclusivo, disminuyendo brechas mínimas en acceso a infraestructura educativa de calidad. En esta misma línea, el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006-2021), en los años establecidos, colaboró con el fomento de la investigación y promoción de un ecosistema innovador. Ambos proyectos apuntan a generar condiciones óptimas para el desarrollo económico-social, reforzando la interconexión entre educación, ciencia e infraestructura sostenible.
ODS 10: Reducción de desigualdades
La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad persigue el mantenimiento de los idiomas indígenas mediante la promoción de la inclusión social y el respeto por la diversidad. Estas iniciativas no solo revitalizan la tradición, sino que también estimulan la igualdad de oportunidades mediante la garantía del acceso a los servicios en la lengua materna.
ODS 13: Acción por el clima
El Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA 2017-2022) incluye la sostenibilidad y la conciencia ambiental en la educación peruana. Su propósito es crear ciudadanos respetuosos con el ambiente, asegurando la inclusión de los conceptos de cambio climático y sostenibilidad en los planes escolares. La estrategia fortalece la capacidad del país para abordar retos ambientales mientras promueve una cultura de respeto por el entorno natural.
Reconfiguración de las políticas estatales desde la Agenda 2030
El impacto de los ODS en las iniciativas estatales peruanas se evidencia en el fortalecimiento de políticas preexistentes y la creación de nuevas estrategias alineadas con la Agenda 2030. Programas como la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que ya promovían la calidad y equidad educativa, han incorporado metas específicas de los ODS 4, como la formación docente y la inclusión. Asimismo, los ODS han impulsado el surgimiento de iniciativas como la Política Nacional de Enseñanza del Inglés y el Plan Nacional de Educación Ambiental, diseñadas para responder a objetivos globales como el desarrollo de competencias lingüísticas y la acción climática.
En los últimos años, la influencia de los ODS ha generado avances significativos, como una mayor articulación intersectorial en programas que vinculan educación con empleo y reducción de desigualdades, por ejemplo, PRONABEC y la Educación Intercultural Bilingüe. Además, se ha reforzado el enfoque en medición de resultados y transparencia, como se observa en la labor de SUNEDU bajo la Ley Universitaria (a pesar los cambios en su composición y funciones debido a la aprobación de la Ley N° 31520 recientemente). Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva, especialmente en zonas rurales, donde la cobertura y la adaptación a contextos locales requieren mayor atención para cumplir plenamente con los compromisos de la Agenda 2030.
Educación y sostenibilidad: claves para una agenda común
Alinear las políticas públicas con los ODS ha enfrentado desafíos estructurales que limitan su efectividad. Uno de los principales es la falta de articulación intersectorial. Si bien existen programas que incorporan directamente la educación y hace más sencillo su alineación con otros ODS (como el programa Wasi Mikuna con el ODS 2 o PRONABEC con el ODS 10), la implementación sigue estando fragmentada, especialmente entre los distintos niveles de gobierno, lo cual es reflejo de un problema más amplio en el país: la fuerte centralización. Desde el ámbito político, Perú ha experimentado en los últimos años una alta rotación de jefes de gobierno y funcionarios, lo que ha generado constantes cambios en las prioridades de gestión, afectando la continuidad de las reformas educativas y, en consecuencia, su impacto a largo plazo.
Otro desafío clave son las brechas en cobertura y calidad educativa que sufren las poblaciones históricamente marginadas. A pesar de los avances normativos, comunidades indígenas, rurales y personas con discapacidad aún enfrentan barreras significativas para acceder a una educación inclusiva y de calidad. Además, la ausencia de sistemas integrados de información dificulta la medición precisa del progreso hacia los ODS, especialmente en regiones con menor capacidad técnica. A eso se le suma la falta de inversión en educación, que sigue siendo un reto crítico. La asignación de recursos no siempre es eficiente ni equitativa, lo que impide abordar las profundas desigualdades en el acceso y la calidad de la educación.
Para abordar todos estos obstáculos y lograr integrar eficazmente los ODS en el diseño de políticas públicas es necesario avanzar hacia una planificación más articulada e intersectorial. Ello debe de permitirle a las entidades del gobierno alinear objetivos compartidos entre diversos e implementarlos de forma articulada. De la misma manera, se requiere consolidar mecanismos de gobernanza territorial que promuevan una mayor autonomía subnacional, acompañada de capacidades técnicas por parte de actores locales para la gestión educativa.
Por otro lado, la estabilidad institucional y el fortalecimiento de los marcos normativos deben garantizar la continuidad de políticas más allá de los ciclos políticos. En igual medida, la inversión pública con criterios de equidad territorial debe de ser una prioridad por parte del Estado; fortaleciendo la infraestructura, formación docente y acceso a tecnología, especialmente en contextos rurales e interculturales. Y, por último, impulsar la última fase del ciclo de políticas públicas: un sistema de monitoreo y evaluación con enfoque de derechos, que permita dar seguimiento al cumplimiento de los ODS con datos desagregados y enfoques diferenciales.
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Estudiante de quinto año de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tercer año de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2024, como parte del programa Magis Exchange, cursó un semestre académico de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla. Además, fue seleccionada como IAJU Fellow por el Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs de la Universidad de Georgetown. Actualmente es pasante en la Asociación Civil Transparencia, donde contribuye al análisis del desempeño parlamentario y la gobernanza democrática.
Estudiante de cuarto año de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Subcoordinadora General del Núcleo de Estudios de Ciencia Política. Asistente de investigación en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas (IIPE) y en consultorías vinculadas con educación básica regular, básica alternativa y superior universitaria y no universitaria. Interés en Gestión Pública, Políticas Educativas y Poblaciones Vulnerables.
Politólogo especializado en economía política con experiencia en investigación aplicada, formación académica y gestión de proyectos. Bachiller en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con diplomados en Economía Política (CLACSO) y Formación Política (UAR-Fundación Rosa Luxemburgo). Actualmente se desempeña como Asistente de Investigación y Proyectos en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas (IIPE) de la UARM, donde colabora en iniciativas como la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 y el Observatorio de la Educación Peruana. Su trayectoria incluye trabajo en investigación social, consultoría, organización de eventos académicos y formación en competencias investigativas. Sus principales áreas de interés abarcan la economía política, teoría política, estudios de poder empresarial, teoría del estado y sociología, con especial énfasis en instituciones políticas, cultura, infraestructuras, neoliberalismo, educación, poder y equidad.
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