En el Perú, vivimos en la actualidad crisis múltiples: social, política y en salud por la epidemia COVID 19, y sobre éstas persistimos en la aspiración de un Estado democrático, con justicia social y laico, que se sustente en una convivencia democrática con espacios públicos comunes en donde la diversidad sea compañera con la igualdad y la no discriminación. En este propósito, una educación democrática contribuye y propicia una sociedad justa con procesos permanentes de construcción y también de conflictos, por ello deseamos compartir nuestra reflexiones1 Continuamos la reflexión del documento, RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACION. LA EDUCACIÓN PÚBLICA PLURAL EN RIESGO. Grupo Estratégico Educación, animado por PROSEX Lima, marzo 2022..

La disputa por la calidad de la educación

En respeto a la vida en común, sentimos que hoy desde varias organizaciones políticas representados en el Congreso de la República (CR) atentan contra los principios democráticos y afectan el clima de convivencia cultural, política y educativa al mismo tiempo.

Precisamente, una muestra de este atentado es el Proyecto de Ley 904/2021 “Que Impulsa La Calidad De Los Materiales y Recursos Educativos”, revive las disputas por las orientaciones de la educación nacional, sus principios, contenidos, en fin, sobre los sentidos de la educación y la igualdad de género. Propuesto en esta etapa reciente por el grupo ultraconservador Renovación Popular y apoyado, por casi todas las bancadas, incluyendo Perú Libre en la Comisión de Educación Cultura, Juventud y Deportes. (21 diciembre 2021), el cual expresa  aspiraciones de algunos grupos censores de la democracia, de la libertad de pensamiento, y además propulsores de adoctrinamiento, todos, opuestos a las políticas de igualdad género, que ya años atrás proponía “Con mis hijos no te metas” y que judicializaron la política educativa, sin éxito.

El PL 904: trastocar la calidad de educación democrática

El proyecto de ley PL. 904, tiene como propósito regular las acciones y los procedimientos de adquisición y de elaboración de los materiales y recursos educativos a cargo de la “Entidades competentes del sector educación”. Propone que se realice la vigilancia de la calidad de la educación apelando a los principios de la educación peruana, pero para ello agrega 6 nuevos “principios imperativos, a los 8 principios de la Ley General de Educación (LGE), y que no se explican ni fundamentan en la exposición de motivos. Por otro lado, advierten la necesidad de vigilar los contenidos de un grupo de Áreas Curriculares del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB): Personal social; Desarrollo personal, ciudadanía y educación cívica; Ciencias sociales; Descubrimiento del mundo; y Ciencia y Tecnología.” Además, la exposición de motivos enumera en más de dos páginas los contenidos a censurar, que afectarían el enfoque plural y democrático del tratamiento de la información y contenidos, afectando a toda la educación escolar.

La trascendencia -negativa- de incorporar estos “nuevos principios imperativos” y “contenidos curriculares” es que se construirían, bajo el poder fundamentalista religioso y político, en la orientación general de la educación como política pública y en especial de la educación pública. Se les asigna a los padres organizados, el rol de cruzados de la vigilancia moral, substituyendo el pensamiento crítico y la comprensión de la realidad por el adoctrinamiento, sin duda, muy alejado de la superación de actitudes discriminatorias y machistas , así como alejado de la no violencia en contra de mujeres, niños, y personas LGTBI+. 

Pluralidad de ideas de padres, en escuela y en la sociedad.

La educación puede considerarse como una de las muchas actividades del hombre y de la mujer, que ha recorrido la historia desde la aparición del hombre y la mujer, con aprendizajes por medio de la vida cotidiana para la sobrevivencia de generación en generación, para vivir con los demás. La familia tuvo un papel determinante en la educación y transmisión de saberes experienciales, para la reproducción de la sociedad. Más adelante, lo que llamamos habitualmente hoy en día educación, va sistematizando sus experiencias que se convierten en la enseñanza intencionada. Vale la pena recordar que con la Revolución Francesa y la industrialización se desarrolla el proceso fundamental de afirmar el papel del Estado en la educación pública nacional, desplazando o disminuyendo el papel de las iglesias y familias.

En el marco del sistema educativo mayoritario del país, actualmente iglesias y familias, intensifican su presencia, siempre desde perspectivas diversas entre ellos, en las disputas por los sentidos de la educación y las relaciones de poder social, así como en el esfuerzo que demanda la catástrofe de la pandemia del COVID-19, a las familias.

La educación, que se realiza a lo largo de la vida y en diferentes ambientes, confirma que la educación moral de los ciudadanos no está restringida al ámbito familiar, ni escolar, está distribuido en muchas entidades, es ubicua, con presencia de más actores. Como señala, Gimeno Sacristan:

(…) en la educación básica la escuela no está sola en la misión de “difusión de la cultura, la educación social o moral (…) Las funciones de la escolarización se hallan repartidas entre distintos espacios vitales, a cargo de mecanismos de influencia diversificados, y tienen lugar en el seno de varias instituciones. No existe una distribución clara de papeles, sino influencias cruzadas que inciden en los individuos. En esos cruzamientos, los agentes que tienen a su cargo tales influencias, en unos casos se comportan como agentes complementarios -la familia y la escuela, respecto a la educación sexual, por ejemplo-. (2000:100)

Así mismo, la educación como ciencia o disciplina requiere para su desarrollo de estudio y de investigación, y para su ejercicio profesional requiere de una formación especializada, para dar dirección en la escuela como ámbito público, con procesos participativos democráticos.

El CR como poder del Estado opina, legisla, fiscaliza, sobre educación, pero no debe pasar por alto, la separación de poderes y el respeto por el ejercicio de las profesiones y los profesionales que las ejercen. Tampoco deben, trasladar por ley, decisiones científicas y técnicas sobre grupos de familias y organizaciones religiosas fundamentalistas, bajo el supuesto que los derechos de participación las facultan.

Participación y Pluralidad social

Las familias, como parte de la comunidad educativa, pueden, deben opinar, y tener participación en la dinámica formativa que la IIEE desarrolla con la comunidad, pero en coordinación con la escuela sobre asuntos que son pedagógicos-didácticos y donde les corresponden a los profesionales de la educación dirigirlos: maestras, maestros, colegiadamente, ejerciendo su autonomía profesional.

Existen actualmente vigentes, leyes, normas y dispositivos que ordenan y actúan sobre el cuidado de los procesos educativos, y también sobre la participación orgánica y organizada de las familias y de la comunidad educativa a través de las APAFAS y de los CONEI, buscando la calidad y equidad de la educación en sus respectivas IIEE. No obstante, desde el CR, se pretende legislar con el argumento participativo y bajo un supuesto “contrabando ideológico atentatorio a la moral”  convirtiendo a las familias en “expertas técnicas”, dejando de lado los criterios pedagógico-didácticos de estos procesos, lo que no solo interfiere en sus contenidos sino también sobre los procesos administrativos del Estado, ya que proponen establecer plazos de consultas e intercambios de opiniones antes de producir y publicar un material educativos (textos, lecturas, folletos, manuales, vídeos, entre otros) .

Bajo la creencia de un “contrabando ideológico” se ha asociado el término con una supuesta “ideología de género” de la sexualidad humana y de la Educación Sexual Integral (ESI), supuestos que ignoran que todas las personas tenemos una ideología, (en mayor o menor medida consciente y sistémica) puesto que, a partir de ella, establecemos formas de vivir e interpretar la realidad. Las posturas políticas y creencias religiosas, de maneras distintas inspiran y orientan vidas. Es parte de la convivencia, saber entender y comprender que existen formas de pensar diversas. No obstante, lo afirmado, admitimos que existen determinados principios y condiciones que nos ayudan a convivir con respeto, tales como: la defensa de la democracia, como sistema y estilo de vida, así como el contenido ético de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obligado además por la Constitución y la LGE. Hoy todos y todas aceptamos que no podemos considerar a una persona superior a otras por razones de origen étnico, color de piel, género, por conocimientos, creencias religiosas, por tanto, debemos considerar a todas las personas desde una perspectiva inclusiva. 

Diálogo en la escuela

Esa inclusión, en una educación liberadora, tiene en la dialogicidad una categoría y perspectiva clave. Paulo Freire (2018:32-33) proponía

¿Por qué no discutir con los alumnos la realidad concreta, a la que asociar la materia cuyo contenido se enseña: ¿la realidad agresiva, en que la violencia es una constante y la convivencia de las personas con la muerte es mucho mayor que con la vida? ¿Por qué no establecer una “intimidad” necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos y a experiencia social que ellos tienen como individuos? ¿Por qué no discutir las implicaciones políticas e ideológicas de la falta de atención de los dominantes en relación con las áreas pobres de la ciudad? ¿Y la ética de clase incrustada en esa desatención?

Por tanto, el CNEB, no debe ser solo un documento que busca transmitir conocimientos y generar competencias tal cual se prescribe por escrito, sino un instrumento que está en un proceso permanente que se desarrolla y revitaliza en el diálogo con otros saberes no previstos, ahora especialmente con los aprendidos en la vida en pandemia y que los alumnos, maestros y maestras, aportan al aprendizaje escolar. Por ello, la educación escolar asume la especial tarea de procesar las diferentes influencias formativas, pues el estudiante participa en diversos ambientes. Dewey enumera algunas de esas diversas influencias que recibe un individuo; la familia, la calle, el taller o el comercio, la asociación religiosa. Podemos mencionar también los medios de comunicación, la internet, las redes. La influencia de los pares en las nociones, actitudes en el desarrollo de la sexualidad, tiene importancia destacada.

La mezcla en la escuela, a decir de Dewey (1967:31) con estudiantes “de diferentes razas, religiones, costumbres crea para todos un ambiente nuevo y más amplio.” Por ello, es función suya “coordinar dentro de las disposiciones de cada individuo las diversas influencias de los diferentes ambientes sociales en que se introduce.” Bajo estos supuestos y otros, el Sector Educación orienta sus acciones, propone un currículo, elabora materiales educativos, formula políticas y normas educativas democráticamente.

La diversidad de familias e iglesias asimismo tienen el derecho, desde sus enfoques, en practicar sus creencias y así lo hacen. La educación de un país debe desarrollar una mirada mucho más ecuménica, más amplia, que la que fundamenta el PL 904 puesto que se trata de pensar en todos y en todas, peruanos y peruanas y no solo en algunos sectores de nuestro país.

Hacemos un llamado a la discusión y la concertación cuando se trata de tomar decisiones globales sobre nuestra educación, emplear criterios de inclusión y de respeto a la diversidad, sin imposición de ideas que apañen actitudes discriminatorias, que operan como tolerancia ante la violencia de género. La educación no es un asunto cualquiera, debemos recobrar su valor, con respeto activo a los educadores profesionales que la ejercen y a los educandos que gozan y acceden al derecho de tenerla en libertad.

Bibliografía

DEWEY, John (1967). Democracia y educación. Buenos Aires, Losada.

FREIRE, Paulo (2018). Pedagogía de la autonomía. Seres necesario para la práctica educativa. Argentina, Siglo Veintiuno Editores.

GIMENO Sacristán, José (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Madrid, Morata

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Magíster en Sociología en la Universidad París VIII, Vincennes, Francia y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desempeñado diferentes cargos en el Ministerio de Educación: Viceministro de Gestión Institucional, Director Nacional de Educación de Adultos, y asesor de la Alta Dirección.

Fue presidente de la Asociación Nacional de Centros, ANC. Vicepresidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Presidente de Foro Educativo. Director de la Asociación de Publicaciones Educativas TAREA, Miembro de la Secretaria Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Gerente Regional del Programa de Gobierno Regional de Lima. Actualmente es asociado de Foro Educativo, de Tarea y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Actualmente es asociado de TAREA y de Foro Educativo. Ha publicado diversos textos relacionados con políticas educativas.

César Uribe
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Máster en Democracia y Educación en Valores en Iberoamérica (Universidad de Barcelona) y Licenciado en Psicología (Universidad Nacional Federico Villareal). Es Profesor del curso de Cultura Escolar de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


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