Nota: Este artículo ha sido publicado originalmente en el diario La República el 9 de junio de 2025, en la sección de Opinión, dentro de la columna Vertebral. Nosotros solamente lo reproducimos con fines informativos y de reflexión, y no tomamos ningún crédito por su autoría. Todos los derechos corresponden íntegramente a su autor, José Luis Gargurevich, y al medio de comunicación La República
Más de 8 millones de peruanos mayores de 15 años no han culminado la educación básica. Permítame poner un punto y aparte. Porque así es como están: aparte.
A algunos el sistema los expulsó porque se atrasaron un año y no les permitieron continuar, dejaron la escuela porque no les era cercana, pertinente en su idioma, o para trabajar o cuidar a sus familias. Nuestras escuelas alternativas, muchos las conocemos como “las nocturnas”, están en lo urbano, alcanzan una cobertura insuficiente y en ellas sus docentes no están formados para enseñar a adultos. El 25% de la población nos es invisible educativamente.
Un millón y medio de peruanos no saben leer ni escribir. Otro punto y aparte.
Allí donde leer y escribir debería ser derecho inherente, un millón de ellos no pueden hacerlo. En la zona rural del país, le pasa a una de cada cuatro mujeres. Son peruanos que no pueden leer sus derechos en un contrato, no les es accesible el mundo financiero, ni el empleo formal y digno, menos la pensión justa. Muchos viven bajo el estigma y la vergüenza, no se atreven a aprender porque ya es tan tarde: la sociedad, en su competitividad más hostil, les traduce aprender como retroceder.
Y si solo la afectación de un derecho fundamental no es suficiente para movilizarnos, sepamos-ciudadanos, políticos y empresarios, todos-que el precio por no hacer se hace más alto con el tiempo. Si nuestros gobernantes no entienden la educación como inversión, habrá menos recursos en los bolsillos de las familias y en las arcas del Estado, y con menos recurso, menos también para la educación y la salud. Menos por menos. Se reproducen así una cruel historia circular de pobreza y recesión.
UNESCO lo ha calculado como “el costo de la inacción” haciendo el ejercicio de cuantificar cómo la omisión de políticas para recuperar la escolaridad y para asegurar competencias básicas, afecta el progreso en la vida de las personas y su economía.
Según este estudio , si en el Perú no hacemos nada, 84% más de nuestras niñas serán propensos a embarazos precoces, si no hacemos nada, la tasa de homicidios podría aumentar en un 63% y la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan en un 43%. No ocuparnos de estos problemas, nos costará al 2030 (a las personas y al Estado) hasta el 18% del de nuestro PBI.
Si no hacemos nada, más jóvenes quedarán en la informalidad: 12 de los 16 millones de peruanos económicamente activos son trabajadores informales. Los que no trabajan ni estudian, superan el millón y medio, y 20% de ellos son jóvenes. En Lima metropolitana coma la cifra alcanza la mitad de los jóvenes.
Sin culminar la escuela y sin una certificación que los habilite a insertarse en el mundo laboral, aun a pesar de las cualificaciones, que deben haber desarrollado fuera del sistema educativo, perdemos capital humano para el progreso económico, ese que sirve para que millones salgan de la desprotección, la pobreza y el subempleo.
Entonces, cómo lo señala nuestro Proyecto Educativo Nacional, hay millones de peruanos con los que se guarda una deuda de la más alta exigencia ética. Pero si decidimos no verlo como un daño irreparable, sino como la oportunidad que dicta la urgencia. como la posibilidad de incluirlos en el círculo del progreso, ¿qué estamos dispuestos a hacer desde la empresa, desde la política y desde las organizaciones sociales para vincular nuestra educación con nuestra economía.?
La educación, pero no sólo la que no culminaron de niños, sino la que hoy pueden desarrollar los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, esa educación también y, sobre todo, conecta con el progreso. Aprendemos de la actualización laboral, la formación continua, la educación a distancia, la educación comunitaria, la educación técnico- productiva, artística, la cultural y la deportiva.
Aprenden los jóvenes sin secundaria que trabaja en el campo estacionalmente y se hacen de proyectos productivos. Aprenden los niños y niñas cuando en el centro poblado escuchan a los sabios sobre sus culturas, la naturaleza y su territorio. Aprenden también los adultos cuando pagan sus cursos para actualizar alguna destreza profesional o como aplicar la IA en el trabajo, cuando asisten a una charla sobre historia o cuando salen a las calles a ejercitar su reclamo ciudadano. Aprenden las mujeres en espacios de empoderamiento sobre inclusión financiera y emprendimiento, esas habilidades que les permite autonomía y protección contra la violencia doméstica o la dependencia económica. Aprenden adultos mayores cuando en el municipio llevan talleres de autocuidado, salud mental o ejercitan espacio de pintura.
Sin importar la oficialidad, los peruanos se han hecho de educaciones propias, formas de aprender por fuera del sistema que tiene una contribución gravitante en su bienestar y la de los suyos. Resulta que entramos y salimos del sistema, pero no por eso dejamos de aprender.
Esa educación es invisible hoy, en la política pública, en la agenda del Ministerio de Educación, en la certificación y convalidación de esos aprendizajes, en el presupuesto, una prioridad que afecta a millones, y ya no me refiero a los ocho que no terminaron la escuela, sino también a los dieciséis que sí lo hicieron, pero sus aprendizajes son invisibles.
Este año, un grupo de instituciones ha iniciado un Grupo Impulsor para que la Educación de Jóvenes y Adulto articule a más actores de la sociedad, y han participado en el Encuentro Andino en Ecuador para intercambiar experiencias sobre esta educación que va más allá de la educación que conocemos tradicionalmente.
Lo cierto es que hay más educaciones que prometen ser soluciones a la pobreza y a la informalidad en nuestro país. Educaciones cuya gesta ya está en los territorios y falta ponerla en valor. Hagamos que existan, que la educación asome la cabeza fuera del sector de Educación y se encuentre un espacio más abarcativo al desarrollo, para hacer disponibles desde los sectores, empresa, universidades y sociedad civil aquellas ofertas educativas para con quienes tenemos una deuda y poco tiempo para saldarla.
Datos extraídos de INEI, Encuesta Nacional de Hogares / UNESCO, 2024. El Precio de la inacción: el costo global privado, fiscal y social de que los niños, niñas y jóvenes no aprendan.
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Director Ejecutivo de Proética. Sociólogo con Maestría en Gestión de Políticas Públicas y amplia trayectoria en reformas institucionales, modernización del Estado, gobernanza territorial y descentralización. Experto en planeamiento, desarrollo organizacional y gestión de procesos y calidad, con experiencia técnica en la actualización de modelos organizacionales, ROF, manuales de operaciones y estrategias de modernización. Ha ejercido cargos directivos en los Ministerios de Educación y Salud, y trabajado como consultor para diversos ministerios, incluyendo Energía y Minas, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Experiencia docente en la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR en materia de Modernización del Estado, Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en materia de Gestión Educativa.
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